Esta semana, los empleados públicos hemos sido el objeto de varias noticias en los medios de comunicación, que desde CSIF queremos compartir contigo, y atrevernos a realizar una breve valoración sobre cada una de las mismas.
Agradeciendo a los medios de comunicación el interés por el empleo público, y que pueda ser objeto de debate y las apreciaciones oportunas por la opinión pública, a la que sumamos nuestras consideraciones como organización sindical más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Evolución del empleo público: Informe de fiscalización ejercicio 2017 por la Sindicatura de Comptes
Los datos provienen del Informe de Fiscalización de la Sindicatura, que recoge los mismos en las páginas 79 y 80 del siguiente enlace -recomendamos desde CSIF su lectura-:
El periódico Levante-EMV informa sobre ello, afirmando que el Consell pierde 4.121 funcionarios fijos en dos años y dispara un 21 % los interinos; puedes leerlo en (noticia para suscriptores):
Referido a toda la GVA (docentes, estatutarios, función pública, justicia), en los últimos dos años aumenta el número de puestos de trabajo, pero en proporción más los puestos vacantes que los ocupados.
Y, debido a la edad media de los empleados públicos y la falta de ofertas suficiente, se va reduciendo el número de trabajadores fijos, y aumentando el de personal interino o temporal (en 2016, un 13,2% más de funcionarios interinos, porcentaje de incremento que en 2017 asciende al 17,2%).
Desde CSIF consideramos que es urgente ponerse ya en marcha para solucionar la altísima temporalidad en nuestras plantillas, dotando de estabilidad a las mismas con los procesos para que el personal interino pueda consolidar sus puestos, y el personal fijo promocionar dentro de la estructura.
Supuesto coste del empleo público:
No es incremento del gasto, sino recuperación del poder adquisitivo
La noticia digital se puede consultar en el siguiente enlace:
Desde CSIF queremos afirmar que no se trata de una subida salarial decidida en un Consejo de Ministros, sino del cumplimiento de un pacto firmado en marzo de 2018 entre el Gobierno de la Nación y las organizaciones sindicales más representativas a nivel nacional, CSIF entre ellas.
Agradecemos al Gobierno que firmó el llegar a un consenso, y al Gobierno actual darle cumplimiento; en CSIF no nos importa el color político de unos u otros, sino la defensa de los derechos de los empleados públicos.
Debemos destacar, además, que esta subida no es un incremento del gasto, sino parte de la recuperación del poder adquisitivo recortado a los funcionarios en su momento: es una injusticia y un error pretender culpar a los empleados de la Administración del coste del capítulo uno, cuando en realidad hay que agradecer a este colectivo -del que en CSIF nos sentimos orgullosos de pertenecer- que soportara congelaciones y reducciones salariales en aras del equilibrio económico y financiero de España.
Los empleados públicos hacemos funcionar y somos garantes de los servicios públicos; y no está de más recordar que España sigue siendo uno de los países con una tasa de funcionarios por habitante de las más bajas y con peor salario de Europa.
Abuso de la discrecionalidad y la libre designación en la GVA
La noticia digital se puede consultar en el siguiente enlace:
Desgraciadamente, la realidad choca con la supuesta voluntad política del Consell de profesionalizar la Administración Pública valenciana; en la Ley negociada en 2008-2009 y aprobada en 2010 (la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, actualmente vigente), CSIF alegó para que se redujera el número de puestos provistos por libre designación, principalmente modificando la cobertura de las Jefaturas de Servicio, de la LD actual a provisión por concursos, mejorando la estabilidad, garantías e imparcialidad de los empleados públicos.
El nuevo Consell llevaba como compromiso esta mejora, reduciendo la libre designación; y en tal sentido hay que admitir que se ha redactado el Anteproyecto de Ley de Función Pública: pero es un proyecto que no verá la luz esta legislatura, y por tanto el compromiso se queda incumplido durante cuatro años -en los que, de existir un verdadero interés, se hubiera modificado la Ley de 2010, como se ha hecho en otros apartados-.
La prensa saca a relucir este dato tras la publicación de las RPTs, donde el mismo se hace evidente, y se puede comparar -objetivamente- con RPTs anteriores, tal y como hace el periódico en la noticia que enlazamos.
Desde CSIF seguiremos defendiendo la capacidad y neutralidad de los empleados públicos, gracias a la que la provisión de puestos no debería depender del color político de quién gobierna. Nos gustaría que los dirigentes políticos que nos representan mantuvieran las mismas iniciativas -con la misma intensidad y prioridad- en el Gobierno que en la oposición.
Sí es cierto que la noticia y el titular "confunden" al personal empleado público por libre designación (que son funcionarios de carrera que han superado un proceso selectivo), del personal asesor o eventual (que no son, necesariamente, personal que ha superado una oposición), y dicha confusión no nos gusta en CSIF; aunque en el texto del artículo se aclara debidamente.
Es cierto que desde finales del 2016 el personal de libre designación ha crecido y mucho. También el nº de asesores, pero también el nº de funcionarios que no han superado ningún examen de un proceso selectivo he incluso que no se habían presentado nunca a una oposición del grupo que ocupan y me estoy refiriendo al A1. Eso implica que se han saltado la normativa vigente entonces y la de ahora y eso en la Administración tiene un nombre pre....... ¿Alguien puede decirme que pasara con estos trabajadores? ¿ Se les aplicara la Ley de FP cuando cambien las condiciones que provocaron la sustitución, ya que las plazas que ocupan se convertirán en vacantes debido al concurso de traslados?
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