Requisito lingüístico "por la puerta de atrás": inaceptable

Según transmite un medio de comunicación, el grupo Compromís, que forma parte del gobierno valenciano, pretende incluir YA el requisito lingüístico (acreditación de un nivel de valenciano 'a priori' para las pruebas selectivas o provisión) en la normativa de función pública valenciana.

Al desconfiar de que pueda aprobarse el Anteproyecto de Ley de Función Pública, que incorpora tal medida -respecto a la que CSIF ya ha mostrado su disconformidad reiteradamente, considerando que el valenciano debe ser un mérito y no un requisito-, la idea es modificar la actual Ley 10/2010 en este sentido.

El diario elmundo indica lo siguiente:

Dado que Compromís no quiere afrontar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas sin haber aprobado el requisito lingüístico, su grupo parlamentario ha encargado la elaboración de varias enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2019 con el fin de colar la medida por esta puerta de atrás, un auténtico cajón de sastre que sirve cada año para cambiar infinidad de leyes autonómicas.

Los nacionalistas consideran que tanto el PSPV como Podemos darán respaldo a esta vía de aprobación del requisito lingüístico dado que ya existe un acuerdo político y sindical «cerrado» sobre la fórmula que se va a emplear en la Ley de Función Pública. De momento, sin embargo, ni socialistas ni podemitas tienen noticia de las intenciones de Compromís, que maneja este asunto con discreción y no ha adoptado una decisión definitiva, según explican a EL MUNDO fuentes de la formación que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra.

(...)

Para el PSPV, sin embargo, no se trata de una cuestión prioritaria de la legislatura. Tampoco para su sindicato afín, UGT, aunque ni socialistas ni ugetistas se oponen ya al requisito lingüístico con la fórmula pactada en el anteproyecto.

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Captura de la noticia en la web de elmundo

¿Qué opinan los agentes sociales y políticos de esta cuestión?

Desde CSIF estamos absolutamente en contra de incluir el requisito lingüístico en la Ley, y más aún a través de una modificación de la Ley actual; hacerlo de esta forma (que los propios medios de comunicación tildan de "puerta de atrás") supone un desprecio a la negociación colectiva, y a los tiempos de tal negociación: si hablamos en Mesas con el Consell, para que posteriormente éste enmiende lo tratado en trámite parlamentario, supone una burla a los empleados públicos.

Ya hemos hablado también en Mesa General de diversos cambios que requiere la actual Ley 10/2010, y parte de ellos los pediremos en trámite de enmiendas, pero no actuamos de mala fe escondiendo a los representantes aquellas iniciativas que afectan a los derechos de los empleados públicos.

Según los medios, de los grupos políticos que sustentan el actual Consell, Compromís tiene la iniciativa, al PSPV-POSE no le molesta, y Podemos se pregunta "porqué no se ha presentado la nueva Ley a trámite parlamentario"; pues, señores del grupo Podemos en Corts: porque se está negociando aún con las organizaciones sindicales del ámbito correspondiente. ¿Desprecian Uds esta negociación?

Relata el periódico que se trata de un "acuerdo político y sindical" cerrado; y es cierto, pero se trata de un acuerdo al que llegó el Consell con UGT, Intersindical y CCOO, sin hablar del mismo en Mesa de Negociación -que es donde se llegan a acuerdos reales según el TREBEP-.

Recientemente, en el sector docente parte de los propios sindicatos que auspiciaron en su día el requisito lingüístico, solicitaban una mayor moratoria que la establecida para el personal temporal, demostrando que su ideología política choca con los intereses y derechos o expectativas del personal empleado público.

En el ámbito de función pública, en la negociación del Anteproyecto de Ley, CSIF fue el único sindicato que reiteró su oposición a que el valenciano sea requisito, manteniendo nuestra postura en que sea mérito para el acceso o provisión.

Reincidencia del Gobierno valenciano en despreciar la negociación

En su día, las tres organizaciones sindicales que exigieron el requisito (UGT, Intersindical, CCOO) al Consell, fueron llamadas a una reunión con la Consellera Bravo para trasladar la posición de la GVA al respecto; por "error" (según la propia GVA) se citó también a CSIF, aunque una vez en la reunión nos expulsaron de la misma, dejando entrever el carácter sectario del Consell en esta materia.

Enlace a la noticia: CSIF expulsado de la negociación sobre la Ley

Captura de aquella noticia (febrero de 2017)

En esta ocasión, como en aquella, y por la misma materia (el requisito lingüístico), el Consell -o los grupos parlamentarios que le apoyan- "pasa" de negociar o dar explicaciones sobre una actuación, y procede a actuar mediante una vía que elimina la voz de los representantes de los trabajadores.

Desde CSIF condenamos, enérgicamente, que se produzcan enmiendas que afectan a nuestras condiciones de trabajo por los propios grupos parlamentarios sin pasar por la Mesa General de Negociación, donde se puede buscar el debate -sea posible el consenso o no- con los trabajadores.

Efectos: ¿para las OPEs 2017-18?

Además del posible interés electoral que tengan unos u otros en determinadas actuaciones... ¿está pensando el Consell en incorporar el requisito lingüístico para las próximas OPEs venideras, incluidas las OPEs 2017 y 2018, donde se ofertan plazas para estabilización?

¿Ello significaría que quien no disponga u obtenga del nivel adecuado, no podrá presentarse a las OPEs 17-18, aunque sea interino/temporal de la GVA con anterioridad a enero de 2005 -la fecha que marca la Transitoria Cuarta del TREBEP-? Porque, de no ser así, ¿por qué tanta prisa en aprobar este requisito a través de enmiendas a la Ley de Presupuestos?

Cuestionaremos a la GVA sobre si ésta es la idea de la Administración, mostrando en tal caso nuestra absoluta disconformidad con ello: no vamos a admitir una actuación sectaria como la citada.