Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales (artículo 8 del EBEP); aunque parezca una afirmación de perogrullo, es muy útil recordarla de vez en cuando para los ciudadanos, y sobre todo, a los políticos.
Estos días, por intereses que ni nos van ni nos vienen, y con un trasfondo político que no nos importa (*), coge protagonismo en los medios de comunicación el que haya un "topo" o "infiltrador" de documentos sensibles para el Gobierno de la Generalitat.
* No nos importa como empleados públicos, claro; después, cada funcionario o laboral es a su vez ciudadano y tendrá su opinión acerca de todo eso, dándole mayor o menor importancia -y credibilidad- según crea conveniente.
Con la típica confusión que sufren los políticos entre "Gobierno" y "Administración Pública", y la más inmoral entre servir a "los intereses generales" o a "unos intereses particulares", se ha iniciado un extraño procedimiento por la Conselleria de Presidencia: los "interrogatorios a funcionarios".
Se detectaron el pasado viernes 24 de enero, cuando al parecer, varios funcionarios eran sometidos a interrogatorios donde se les preguntaba con todo detalle cuestiones relacionadas con su trabajo, e incluso eran grabados mientras "declaraban", redactando y firmando luego un "acta".
De inmediato, la Junta de Personal de Servicios Centrales de la GVA (donde está CSIF junto con otros cuatro sindicatos), se personó en las dependencias de Presidencia, exigiendo las explicaciones oportunas.
Además de ello, CSIF ofreció desde el primer momento asesorar a los empleados públicos afectados (tanto a nivel juridico, como para acompañarles si se les interrogaba si lo creían oportuno), calificando de entrada como intolerable la actuación de la GVA.
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| Captura web diario Levante-EMV del 28/01/14: En Presidencia aún no se habían reunido con la Junta de Personal |
Y finalmente en la mañana de hoy, 29 de enero, se ha producido una reunión entre representantes de la Junta y responsables de la Conselleria de Presidencia (Subsecretario y Secretaria General Administrativa).
Reparos planteados por los representantes sindicales
En primer lugar, las dudas sobre la legalidad de lo que se estaba haciendo: ¿se ha iniciado un procedimiento administrativo? ¿hay nombrado un instructor? ¿tiene autoridad la "instructora" para hacer esos interrogatorios? ¿hay una denuncia penal mientras se está buscando información administrativa?
También sobre el procedimiento en sí mismo... ¿de veras los "interrogatorios" son voluntarios? ¿qué pasa si un funcionario no quiere declarar? ¿porqué no se ha dado la oportunidad de que se les acompañara por sus representantes electos (que son la propia Junta de Personal)? ¿Qué se va a hacer con las declaraciones? ¿Cuál es el paso siguiente a éstas?
Sobre la utilidad del procedimiento en sí, se cuestionó qué se pretendía buscar, para qué, y con qué intención finalista... ¿se va a abrir expediente disciplinario a alguien?
Denunciando, finalmente, que todo esto ofrece una penosa imagen de los empleados públicos, provocada por la propia Administración, dudando de la honorabilidad y responsabilidad de sus propios trabajadores.
Aparte del inútil gasto (económico y en tiempo) que puede suponer esta actuación, y el curioso hecho de que la Generalitat ha actuado con absoluta urgencia en este tema, cuando hay otras situaciones graves denunciadas donde se ha solicitado que se hagan las averiguaciones oportunas que están en el último cajón.
Explicaciones ofrecidas por responsables de la GVA
Los responsables de la Administración estuvieron reunidos suficiente tiempo con la Junta de Personal para responder a todo lo planteado; siendo otra cuestión el que sus explicaciones sean suficientes o no, y aún más importante, la verosimilitud de las mismas.
Sobre la legalidad del proceso, que éste era absolutamente correcto y ajustado a la norma. Ha habido una apertura de procedimiento, nombramiento de instructor del mismo; y que en realidad, el proceso no partía tanto de la búsqueda del "topo" por la GVA, sino de que los propios funcionarios habían pedido "ser interrogados" en salvaguarda de sus propios intereses.
Es decir, que la Generalitat se ha movido en este caso sólo en beneficio de sus empleados, para que quede claro que su honorabilidad está fuera de toda duda y no puedan ser implicados en asuntos que no les competen.
Sobre que esto sea creíble o no, preferimos no opinar y que los lectores de este blog se formen su propia opinión. Ejem...
Que los interrogatorios eran absolutamente voluntarios... quien quería declaraba y quien no, no; quien quería se le grababa, y quien no, no; etc. Aunque puede ser cierto que los funcionarios han declarado "voluntariamente" el fallo está seguramente en lo que se entiende por "voluntariedad".
Es obvio que no ha sido más voluntario que lo puede ser cuando te llama la Guardia Civil a declarar, y puedes elegir entre ir por tu propio pie, o que te lleven...
Que se han hecho sólo una docena de interrogatorios, con los que se ha acabado esta fase (no habrá más), y ahora se iban a realizar las conclusiones oportunas, cuyo resultado podría compartirse con los representantes sindicales.
CSIF les arrancó un compromiso: en caso de que, tras las conclusiones del procedimiento, no haya dudas sobre la honorabilidad del personal funcionario, la GVA se compromete a manifestar lo que sea oportuno para que quede claro, y restituir la dignidad del conjunto de los empleados públicos que haya podido quedar dañada.
Preguntas que siguen sin respuesta
La Junta de Personal ha solicitado por escrito la información relativa al inicio del procedimiento, nombramiento de instructor, etc (la GVA indicó que se lo facilitaría en cuanto lo solicitasen por escrito); cuando dispongamos de esa información tendremos más datos sobre si la actuación de la Administración es, a priori, conforme a Derecho o no.
Teniendo en cuenta que, a pesar de que tales documentos puedan ser correctos, sí parecen darse algunas irregularidades:
- no se informó -o no debidamente- a los empleados de para qué se les interrogaba, si querían ser acompañados por un asesor o representante, o qué pasaría si preferían no declarar
- no se saben lo criterios de porqué se ha interrogado a una docena de empleados públicos... ¿porqué a estos sí y a otros no? ¿quién ha elegido a quién interrogar, y en base a qué?
- el método utilizado en concreto (grabación, acta firmada, etc) ofrece muchas dudas (sobre protección de datos, autorización de la persona a ser grabada, custodia y acceso de terceros a dicha información, etc)
- lo de la voluntariedad... la coacción (presión ejercida sobre...) es un vicio de la voluntad; si a la voluntad viciada le unimos la falta de principio de contradicción... (para entendernos: seguramente como declaración ante un Juzgado o autoridad no sea útil lo hecho por la GVA)
- si hay una denuncia penal por las filtraciones (según dice la prensa que se declaró desde el Palau), no cabe hacer actuación administrativa ninguna mientras no se resuelvan las pesquisas penales (y el proceso penal, en su caso)
Todo ello considerando que aunque hayan acabado los "interrogatorios", no lo ha hecho el procedimiento, sino que faltan las conclusiones y el "paso siguiente" a éstas.
¿Se va a compartir el resultado de las conclusiones?
Si se va a abrir un expediente disciplinario a alguien, ¿hasta dónde va a llegar? ¿va a utilizarse información extraída de los "interrogatorios" a pesar de que posiblemente este viciada? Y ¿de qué se le va a acusar...? Porque no olvidemos que la "búsqueda del topo" es un asunto político, que nada tiene que ver con las funciones y tareas de los empleados públicos.
Si finalmente concluye todo sin que haya nada que recriminar a los funcionarios (**), ¿la GVA cumplirá su compromiso de restituir públicamente su honorabilidad?
(**) En CSIF tenemos claro que no hay, por este tema, nada que recriminar a los funcionarios, que están para hacer su trabajo (y si hubiera filtraciones de alguna ilegalidad, el problema es la ilegalidad y no el mensajero, aunque ésa es otra cuestión sobre la que preferimos no profundizar). Cuando indicamos "si concluye sin nada que recriminar", nos referimos a que sea así según la propia Administración.
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| Captura web diario Valencia Plaza, tras la reunión de Junta de Personal con Presidencia |
Conclusiones (de momento)
Los empleados públicos hacen su trabajo, cumplen sus funciones y tareas, y no están para ser "interrogados" o participar (activamente o como sujetos pasivos) en una caza de brujas que no tiene nada que ver con la prestación de servicios de la Administración Pública.
Esta actuación es indigna, inútil, y de dudosa legalidad.
Indigna porque ofrece una imagen penosa -e irreal- de los funcionarios, que acaban siendo chivo expiatorio de algo donde ni tienen ni quieren responsabilidad. Cuando -como ha comunicado la Junta de Personal- no todas las denuncias ni todas las supuestas irregularidades se tratan e investigan por igual.
Inútil porque puede haber errores de procedimiento, y porqué en ningún momento ha quedado claro cuál es el objetivo que se persigue, el hecho que se pretende averiguar ni la infracción que puede suponer su comisión.
De dudosa legalidad por todas las cuestiones que quedan por resolver (¿voluntariedad viciada? ¿principio de contradicción? ¿información y asesoramiento a los "afectados"? Etc)
Estaremos a la espera de que la "continuación" de lo sucedido sea lo correcta que debe ser.
CSIF, como la Junta de Personal y el resto de organizaciones sindicales vamos a estar muy pendientes de que se cumpla la legalidad, y de que no se vea vulnerado ningún derecho de los empleados públicos.
No nos metan en sus batallas políticas, que no estamos para eso: estamos para servir a los ciudadanos.
El primer derecho que queremos se respete, es el de que nos dejen trabajar en paz.
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