Conclusiones de la reunión informativa previa a la Mesa General de 17/06/2020.

¿Una reunión previa para abordar temas de Mesa General?

CSIF solicitó la Mesa General el pasado 11 de mayo además de solicitar por escrito en diversas ocasiones, desde marzo, el abono de la carrera profesional, medidas de teletrabajo y conciliación, así como el abono del incremento salarial del 2%. (adjuntamos algunos de los escritos referenciados en los correspondientes enlaces)

La respuesta de la Consellería, pese a que en mayo anunció la convocatoria inminente de la mesa, ha sido la convocatoria de una reunión informativa previa con los sindicatos que componen la mesa. Una praxis que CSIF entiende inadecuada, por cuanto en estas reuniones, a diferencia de lo que ocurre en las mesas, no se levanta acta de los asuntos tratados, ni existe capacidad de negociación, quedando sin vinculación los acuerdos adoptados. Además, ha coincidido justo dos días antes de la reunión concertada por CSIF (y aplazada previamente) con la Ilma. Directora General de Presupuestos, para tratar varios asuntos coincidentes.

Incremento salarial del 2% correspondiente al año 2020

Este incremento retributivo, pactado con el ex ministro Montoro en 2018 y que su aprobación para este año se produjo en enero. Aunque dicho incremento retributivo ya están disfrutándolo desde el febrero los funcionarios de la adminsitración del estado, y funcionarios de otras comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana la Consellera nos transmite que no se abonará hasta final de año. Algo que choca con anuncios previos de la consellera, que preveían el abono para el mes de abril.

La consellera argumenta que el retraso del abono se debe a la "responsabilidad" que los empleados públicos nos debemos. Asevera que el cobro está asegurado, incluso habla del abono del 0,3% de los fondos adicionales. En cualquier caso, el abono deberá de producirse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020.

En CSIF no compartimos dicho retraso, de un incremento que no es tal, sino una parcial recuperación de recortes previos que todavía, transcurrida una década, no habíamos recuperado.

Abono de carrera profesional de interinos y funcionarios en mejora de empleo

Tal y como adelantamos en lista de difusión, la D.G de Presupuestos nos indica que por el momento se van a abonar 66 millones de euros. En el mes de julio se incluirá en la nómina el complemento de carrera y se comprometen en el mes de septiembre a pagar los atrasos desde 2015.


La Consellera Gabriela Bravo exige la reincorporación total de los funcionarios frente al criterio del estado
 
La Consellera Gabriela Bravo, que se ha denotado como la única responsable de empleados públicos del país que exigió la devolución del permiso retribuído durante el estado de alarma,
algo que tuvo que ser desestimado por la propia Minisitra, insiste en castigar a los empleados públicos exigiendo su reincorporación total presencial, con la sorprendente complacencia del resto de formaciones sindicales.

Piensa que los empleados públicos no deben ser otra "casta" diferenciada al trabajador de la empresa privada. ¡Claro! La comparación con la empresa privada se le olvida para evaluar la rapidez en recuperar los recortes salariales.

Y en base a dichos prejuicios y desprecio por la respuesta ejemplar que hemos dado los empleados públicos en esta crisis sanitaria nos anuncia que partir del 22 de junio queda sin efecto todos aquellos permisos que estaban bajo la normativa del estado de alarma y pasan nuevamente a aplicarse el decreto 42/2018.

Entonces, si somos otra "casta", por que su gobierno este mismo sábado aprobó el Decreto 

8/2020 en el que se decía en su artículo 4...

 

Es decir, se salta las disposiciones que su propio gobierno indica para todos los trabajadores (empresa privada y pública) negando el teletrabajo a los empleados públicos.

Y lo hace, en contra del criterio del estado, que va a permitir el teletrabajo de 1 día a todos los empleados públicos y de 4 a aquellos que tengan a su cargo a menores de 14 años.

El único sindicato que insistió en que esta medida es inadecuada fue CSIF. Y lo hicimos  (sabéis que hemos presentando varios escritos al respecto) porque estamos convencidos que es la única manera de prevenir a los empleados públicos de la enfermedad frente a rebrotes, que además, la aplicación preventiva nos dejará en mejor preparación frente a riesgos repentinos, y porque es la medida que permite una verdadera conciliación en un verano anormal asegurando la prestación del servicio.

Frente a ello, la Consellera opina que el trabajo no presencial no puede considerarse como teletrabajo, ha sido un recurso extraordinario al que se ha acudido como forma derivada en la pandemia. Por eso nos indica que hoy día 18 se celebra una reunión con el Ministerio y todas las CCAA para hablar de la modificación del TREBEP en dos puntos, Teletrabajo y como reducir la temporalidad. Su intención es no aplicar el teletrabajo hasta que no se modifique el TREBEP. Algo que además de incidir en riesgos innecesarios, y que va a complicar la conciliación, va a suponer desperdiciar el enorme esfuerzo de los empleados públicos para habilitar el trabajo no presencial en esta crisis.

Además la Consellera Bravo, piensa que la aplicación que ha realizado el Estado del teletrabajo, una medida abanderada por CSIF nacional, no se ha de realizar en la Comunidad por que no es comparable una administración con otra. 

Una lástima que en CSIF nos quedaramos de nuevo solos ante las reivindicaciones del teletrabajo y conciliación.

Temporalidad
 

La Consellera indica que desde que llegaron en el 2015 el incremento de la temporalidad ha ido desde el 25% al 45% con una edad media del Funcionario de Carrera del 55´7 años y el Funcionario Interino de 47´5 años, achacando sicha situación al Gobierno central, por establecer la tasa de reposición.

CSIF indica que los planes de estabilidad previstos no van a servir para reducir la temporalidad, y que existe jurisprudencia al respecto. Además preguntamos si existe alguna planificación en relación a posibles cambios que se puedan producir por sentencias en contra, como la que hace unos días ha dictado una juez de Alicante.

Insiste en que las sentencias no van en contra del desarrollo de los planes y nuestra normativa
solo admite las oposiciones, por ese motivo van a intentar acelerar lo máximo posible la ejecución de las ofertas publicas.