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El sindicato reclama que sea un derecho del trabajador y lamenta la escasa aplicación del decreto de 2021
CSIF plantea a la Generalitat “negociar un nuevo decreto de teletrabajo que mejore sustancialmente el actual”. La central sindical explica que el vigente, que responde al decreto 42/2021 de 1 de abril, se caracteriza por su “arbitrariedad y rigidez”. Además, la reestructuración de consellerias va a dilatar más su ya escasa aplicación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destaca que la reducida extensión de este decreto una vez transcurridos dos años y nueve meses demuestra sus fallos de origen y poca utilidad. El sindicato ya destacó desde su aprobación, sin el consenso necesario, que no iba a cumplir los objetivos de ser un derecho del empleado público, mejorar la conciliación, agilizar la atención o suponer un ahorro energético, entre otros.
CSIF, además, ha lamentado desde el principio su “arbitrariedad”, ya que deja en manos de cada subsecretaría la elaboración y solicitud de los programas para que luego los supervise y apruebe Función Pública. Esta circunstancia ha provocado que únicamente haya 2.906 personas en programas de teletrabajo en la Administración autonómica en la actualidad.
El sindicato explica que, tal y como se informó en la última reunión de la Comisión del Seguimiento del Teletrabajo, con las reestructuraciones de consellerias al cambiar los partidos en el gobierno “se pedirá programas nuevos en lugar de prorrogar los anteriores”. Esto provocará que cada Subsecretaría “tenga que decidir si apuesta o no por el teletrabajo”.
CSIF considera que la escasa aplicación de esta modalidad laboral y, sobre todo, la “arbitrariedad, lentitud y rigidez” para trasladarla a la práctica, demuestran que el decreto de 2021 ha resultado del todo ineficaz. En este contexto la central sindical defiende iniciar la negociación de “un nuevo decreto que mejore sustancialmente el actual”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado se ha dirigido a la ministra de Hacienda y Función Pública para que habilite las partidas presupuestaras necesarias para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, empezando por la negociación de un nuevo acuerdo salarial, la implantación de las 35 horas en el conjunto de las administraciones públicas, la regulación del teletrabajo o la adecuada financiación de las mutuas sanitarias.
Los futuros presupuestos también deben incluir una oferta de empleo público en la que se refuercen las plantillas, con una adecuada planificación de las necesidades eliminando la tasa de reposición.
Coincidiendo con la publicación en el BOE de la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos, en concreto, reclamamos que se habiliten partidas para:
