Esta semana, en la web del diario elmundo se publicaba una noticia con el siguiente titular: "Las administraciones tienen hoy más funcionarios que al inicio de la crisis".
Los empleados públicos, y más los valencianos, podríamos sorprendernos ante dicha noticia, y pensar que se refiere al aumento de políticos, trabajadores de fundaciones públicas, u otro personal que aunque recibe su salario desde los Presupuestos no es en realidad un "empleado público" (funcionario, laboral, interino, temporal o eventual); pero en realidad se trata del número de empleados públicos en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas conforme a los datos que publica el Boletín Estadístico del Personal Público.
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| Captura del diario elmundo.es que puedes seguir en el enlace anterior |
Si visitamos la web del Ministerio, veremos que los informes que hay en la misma sólo llegan hasta 2009; siendo el informe de 2007 del que habla el diario posiblemente uno anterior, o una serie de datos que consta en el último informe donde ya indica que no está completa (al no computar al personal de universidades -en la serie temporal, sí los incluyen en los totales-).
Datos de las AAPP en todo el Estado: no más funcionarios, sí más temporales
En todo caso, y desde la perspectiva del conjunto de las AAPP, podemos destacar tres datos:
a) Existió un crecimiento del empleo público hasta el 2010, y desde entonces ha existido un descenso paulatino que hace que estemos por debajo de los niveles de 2006-07 (en términos absolutos, ya que en términos relativos estamos bastante por debajo al aumentar un 0,2% el empleo público y un 3,1% la población en general)
b) En el primer informe descargable de la web, referido a 2009, hay 2.636.900 empleados públicos; mientras que en el último, de enero 2016, hay los 2.519.280 empleados que recoge la noticia; considerando que en 2010 comenzó la época de recortes, es evidente que no hay tal ascenso del número de empleados públicos, sino un paulatino descenso
c) Como sabemos, con la tasa de reposición semi-congelada que hemos sufrido estos años, el número de funcionarios debería ser mucho menor; pero como el servicio público debe prestarse igualmente y son necesarios recursos humanos para ello, el mantenimiento del número de empleos se ha logrado a cambio de aumentar el porcentaje de temporalidad de las AAPP.
La conclusión es que los ciudadanos españoles tenemos menos funcionarios -entendiendo en "funcionarios" tanto los que son tales como el personal laboral al servicio de las AAPP, como confunde la propia opinión pública en ocasiones-, y de los que tenemos, cada vez hay más interinos y temporales.
Datos en la CV: muchos menos funcionarios (un 12% menos en autonómicas!!)
Si bien los datos del conjunto de las AAPP reflejaban un pequeño descenso en el número de empleados públicos desde 2009, en la Comunitat Valenciana ese descenso es mucho mayor: la GVA ha pasado de tener 125.657 empleados a tener 118.016, siguiendo los mismos informes citados anteriormente (las tablas 1.8 de ambos informes, con estructuración de datos equivalentes).
Te adjuntamos ambas capturas de los informes para destacar esta importante minoración del servicio público en Castellón, Valencia y Alicante que hemos sufrido la última década:
(Nota: con "hemos sufrido" hay que referirse tanto a los ciudadanos, que tenemos menos personal empleado público a nuestro servicio, como a los funcionarios que además de ser ciudadanos, han de llevar adelante una carga de trabajo con mucha más población a la que servir y menos compañeros para realizar sus funciones y tareas)
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| Datos de 2009 |
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| Datos de 2016 |
En la Administración del Consell, hemos pasado de 13.488 a 11.953: un descenso del 12% en los puestos de función pública. Si además comprobásemos -no están disponibles para la GVA en dicho informe- la edad de los empleados públicos, la situación es muy alarmante.
Conclusión: oposiciones, apuesta por el empleo público, consolidación.
La conclusión que extraemos en CSIF de la noticia aparecida en prensa y de un análisis de los datos a los que se refiere, es que quien gobierne (el Estado o la GVA) debe apostar claramente por los servicios públicos y por dotarlos de los recursos humanos y materiales adecuados para garantizar su adecuada prestación para los ciudadanos.
Dicha apuesta pasa por convocar tantas plazas como sea posible para el acceso a la función pública, ya que el número de empleados desciende (aunque se intente "vender" lo contrario) y su edad media requiere de una renovación de los efectivos.
Y además, debido a la situación de alta temporalidad creada por las propias Administraciones, dichas convocatorias deberán dar la oportunidad de consolidar su puesto de trabajo al numeroso personal interino y temporal.